Sistemáticos asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia

0 56

La situación es preocupante. Según la Defensoría del Pueblo, en los últimos 3 años fueron asesinados 431 defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia. Mirando al nuevo año 2019 los números no se disminuyen: Al lado de 17 víctimas muertas, se encuentran mas de 300 personas amenazadas. Se trata de defensoras y defensores de derechos humanos, gente que trabaja por la paz, por el ambiente, por el bienestar de las comunidades y los derechos humanos. La violencia contra comunidades indígenas, solo durante el periodo del actual presidente Duque ha dejado 46 asesinatos. Lo más recientes fueron 4 víctimas en la última semana.

La mayoría de los grupos criminales organizados están relacionados con el favorecimiento a los intereses de mega proyectos industriales o intereses del narcotráfico. Un estudio de la Comisión Colombiana de Juristas indica cuáles son los grupos envueltos:

“Sin identificar: 45,91 %; paramilitares: 17,12 %; grupos armados sin identificación: 13,62 %; desertores y disidentes de las Farc: 7,39 %; Ejército Nacional: 4,28 %; Eln: 3,11 %; seguridad privada: 1,56 %; Policía Nacional: 1,17%, y Epl: 0,78 %”.

Las zonas más afectadas son el Cauca, Antioquia, Norte de Santander y el Valle del Cauca. Siguen Córdoba, Putumayo, Nariño y Choco. En estos departamentos suceden 70,42 % de violaciones al derecho de la vida. Se trata de asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados, desmembramiento de cuerpos, torturas públicas, violencia sexual contra mujeres y uso de niños y niñas en actividades de la confrontación.

También, el sector empresarial transnacional extractivista está conectado con las regiones afectadas de violencia. La problemática es la explotación de grandes territorios por parte de empresas transnacionales en la búsqueda de impulsar el modelo extractivista: oro, petróleo, gas, coltán, y la energía eléctrica, entre otros. Que trae consigo conflictos territoriales, desplazamiento de poblaciones por medio de la violencia y asesinatos.

Es inaceptable que el gobierno reaccione con absoluta permisividad frente a los asesinados y desaparecidos. La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), dice que “De igual manera, la falta de compromiso de gobierno en la implementación del Acuerdo Final y del Capítulo Étnico, hace que las dinámicas de guerra persistan y siga afectando a la población civil y los territorios, hasta el punto de que el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas sea cada vez más inminente”. Además, se encuentra una falta de diligencias oportunas y decididas por parte del gobierno nacional, las instituciones judiciales y de protección a los defensores de derechos humanos.

Mientras tanto desde las organizaciones sociales, ambientales, campesinas, indígenas, estudiantiles y sindicales, hacemos un llamado al Gobierno Nacional y la comunidad internacional para que tomen las respectivas acciones concretas frente a este tema de violencia que hoy acontece y padecemos como sociedad civil, no debemos olvidar que la paz es un compromiso ineludible de todos los actores sociales e institucionales y que por ende, nos corresponde a todas las personas crear los lazos de dialogo y hermandad para mantener la paz. Por eso hacemos un llamado a la diversidad de movimientos sociales a articular y sumar esfuerzos en la defensa de la vida.

 

Informaciones tomado de la OCMAL y Comisión Colombiana de Juristas

Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.