Informe “Misión a Campo Lizama: fluye el petróleo, sangra la tierra”

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El 2 de marzo de 2018, ocurrió la explosión del pozo 158 del Campo Lizama, propiedad de Ecopetrol, ubicado en el municipio de Barrancabermeja, Santander, y durante más de 30 días se vertió a la quebrada La Lizama una mezcla de lodos, agua y petróleo que afectó 24 kilómetros del curso del afluente y, actualmente, la mancha ya alcanza el río Sogamoso

Con el fin de garantizar los derechos de las comunidades afectadas por el derrame de crudo, y atendiendo la invitación por parte de “la organización Mujeres del Común y del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí- Movimiento Ríos Vivos Santander y en articulación con organizaciones ambientales y defensoras de Derechos Humanos”. Alrededor de 25 mujeres lideresas de Colombia y Ecuador, llevaron a cabo la Misión a Campo Lizama: fluye el petróleo, sangra la vida, entre el 26 al 30 de abril de 2018.

Esta misión recorrió los municipios de Barrancabermeja (La Fortuna, El Llanito, Cascajera, Planta Nueva), Betulia (La Playa), Sabana de Torres (San Luis de Río Sucio), El Carmen de Chucurí (Vereda dos bocas) y San Vicente de Chucurí (La Lizama). Conocieron de primera mano, los impactos y daños a las comunidades y ecosistemas.

El lanzamiento de este informe, se llevó a cabo el martes 17 de julio en la  sede de la Fundación Henrich Boll en Bogotá. Se contó con la participación de algunas mujeres que hicieron parte de la Misión, evidenciado varios elementos esenciales para la comprensión de la situación en esa zona del Magdalena Medio.

  • La Misión acudió a la Defensoría del Pueblo, la Secretaria de Ambiente de Barrancabermeja, aún no existe un censo certero de cuántas personas resultaron afectadas.
  • Según el presidente de Ecopetrol, solo se derramaron 550 barriles de petróleo. Esta medición la hicieron en dos días. Pero la Misión corroboró que fueron más barriles derramados.
  • Existe la negación de una responsabilidad de las empresas subcontratistas, de los entes gubernamentales y en términos coloquiales “se pasan la bola el uno para el otro”, revictimizando a los afectados. Varias familias, decidieron quedarse en sus hogares y han sido amedrantadas por personal de Ecopetrol, y otras, están siendo reubicados en hoteles. Se evidenció la pérdida de confianza en la institucionalidad.
  • No existe una lectura del riesgo frente a las actividades extractivas en el territorio nacional.
  • Violación sistemática de los derechos humanos, especialmente de las mujeres. En su mayoría, son cabezas de familia y excluidas de los espacios de participación. Las comunidades afirman que los peces saben a petróleo, también presentan brotes en la piel debido al consumo de agua contaminada. Una de las  escuelas, cerró sus puertas, por el olor fétido de una de las ciénagas.
  • El movimiento social y ambiental continúa siendo estigmatizado por las empresas petroleras, las alcaldías y la policía. Prueba de ello, es que Ecopetrol decidió “indemnizar” a algunos afectados (hombres) dándoles empleo, pero si hacen parte del movimiento, son discriminados.
  • Actualmente, el ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales), la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, están haciendo los seguimientos para esclarecer lo sucedido.

Cecilia Mantilla, es una campesina pescadora del municipio de Betulia, Santander que acompañó la Misión, también es afectada por la hidroeléctrica Hidrosogamoso “ustedes acá no lo saben, pero estamos aguantando hambre, nosotros vivíamos del río. Es necesario visibilizar esto, para que no se olvide. Porque lo que no se ve en Bogotá, no existe para el resto del país”.

La Misión le hizó un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación, para hacer acompañamiento a las comunidades. Se necesita comunicación veraz de esta situación, porque no podemos minimizar lo que pasó y la necesidad de una transición energética en el país.

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