Mesa social minero energética y ambiental por la paz

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Encuentro Regional Huila, Tolima, Caquetá, Boyacá, Cundinamarca.
Ibagué, 2 y 3 de diciembre de 2016
DECLARACIÓN

Encuentro Regional de la Mesa Social Minero Energética y Ambiental correspondiente a la región central, los días 2 y 3 de diciembre del 2016 en la facultad de ciencias de la Universidad del Tolima de Ibagué.

Se hicieron presentes Organizaciones sindicales entre las que se destacan las Subdirectivas de la USO Neiva y la USO Bogotá, defensa del territorio, ambientalistas, campesinas, de la juventud, derechos humanos, indígenas, mujeres, artesanos, pequeños mineros e impulsoras de las consultas populares.

La calidad de las ponencias, de las intervenciones y la amplia participación enriquecieron el debate y por unanimidad se dejó claro que el modelo extractivista atenta gravemente contra la naturaleza, la vida y el buen vivir de las comunidades.

La MSMEA es un escenario de coordinación local, regional y nacional y apostamos por un nuevo modelo minero energético y ambiental con propuestas regionales y nacionales.

La gran tarea acordada es impulsar la construcción y/o consolidación de las mesas territoriales minero energéticas y ambientales a nivel local donde converjan las organizaciones y comunidades en la construcción de una Agenda Común desde la Unidad de Acción por la Defensa de los Territorios, la Vida, la biodiversidad natural y genética y los procesos de socialización, verificación y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno nacional y las FARC-EP y los posibles con el ELN.

El encuentro convoca a acciones de Resistencia Civil pacífica por una PAZ con Justicia Socio ambiental, contra la Paz corporativa, neoliberal, extractivista que se viene imponiendo desde el Plan de Desarrollo 2014 2018 con los Proyectos de Interés Nacional y Estratégicos PINES (incremento de la explotación minera y de hidrocarburos, más represas) y las ZIDRES (tierras baldías para agro negocios contra la agroecología y Zonas de Reserva Campesina) a favor de las empresas transnacionales generando mayores conflictos socio ambientales por despojo, desplazamiento y destrucción de los proyectos de vida de las comunidades del medio ambiente y del patrimonio cultural de la nación.

El Encuentro aprobó respaldar los máximos y mínimos de la MSMEA y destacar los siguientes puntos de una Agenda Común Mínima que oriente las acciones en nuestro territorio:

  1. Declarar la moratoria de la política minero energética y un nuevo modelo energético soberano y autónomo que responda a las necesidades de las comunidades en sus territorios y fundamentado en las Sentencias T-135/ 13 que propende por otras soluciones energéticas (solar, eólica, biomasa, etc.) y T445/16 según la cual, “los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medioambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”.
  2. El Modelo minero energético y ambiental deberá reconocer las soberanías alimentarias, energética, e hídrica para garantizar los derechos fundamentales individuales y colectivos y los derechos de la naturaleza.
  3. Suspender cualquier explotación en áreas protectoras de la Amazonía, Páramos, Macizos y de gran biodiversidad natural y priorizar la conservación de las selvas como única garantía de la diversidad cultural y ambiental, la protección de las altas montañas, donde surgen las aguas que alimentan ciudades y poblados. No habrá transición energética si se siguen ampliando las fronteras extractivas.
  4. Derogatoria inmediata de todas las Licencias Ambientales a los proyectos de exploración y explotación minera y de hidrocarburos que vienen atentando contra las comunidades y el medio ambiente en diferentes regiones del país.
  5. El Estado prohibirá el uso de técnicas agresivas como el fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking), la combustión in situ, la extracción de gas metano asociado al carbón, la explotación de arenas bituminosas, entre otras.
  6. El Estado creará un Fondo Energético Especial con destino a la investigación científico-técnica por parte de universidades públicas y el Instituto Colombiano de la Energía. La investigación estará dirigida hacia nuevas alternativas energéticas descentralizadas, autónomas y comunitarias, que sustituyan la energía fósil y las hidroeléctricas y permitan el cambio de la matriz energética.
  7. El Estado deberá reorientar las inversiones, préstamos y subsidios hacia proyectos de energía renovables, limpias y de bajo impacto que permitan el fomento de las energías sustentables, descentralizadas, individuales y comunitarias.
  8. Reconocimiento de las “víctimas de la megaminería” con dotación de tierras productivas para los desplazados y la restitución y garantía de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales – DESCA,
  9. Estímulo a la agroecología y prohibición de la agroindustria, lo que implica la derogatoria de la Ley de ZIDRES.
  10. Prohibición de los transgénicos y protección de las semillas nativas básicas para la Soberanía y Seguridad alimentaria.
  11. Impedir la mercantilización de la naturaleza a través del pago por Servicios Ambientales para la Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI- por deforestación y degradación (REDD+)
  12. Declaratoria del Agua como Bien Natural Común y Derecho fundamental lo que implica modificar el artículo 365 de la Constitución Nacional y la derogatoria de la Ley 142 de Servicios Públicos que privatizan la Gestión del Agua en el país entre otras, para los proyectos de hidrocarburos (petróleo), minería, represas y agroindustria. La gestión del agua deberá estar exclusivamente en manos del Estado o comunidades  organizadas, debido a que son condición necesaria para que se garantice un derecho fundamental del agua en los territorios
  13. La política pública minero energética y ambiental deberá reconocer que la base de ordenamiento del territorio son las aguas y bienes comunes para la garantía de la vida. El Estado deberá ofrecer condiciones para la protección especial de los territorios que regulan el ciclo hidrológico. La política pública no sería una construcción exclusiva de la institucionalidad. En cambio, sería construida a partir de un ejercicio legislativo popular y comunitario, que produzca una nueva concepción de lo público.
  14. Construir e implementar mecanismos de participación que garanticen el derecho de las comunidades para el ordenamiento y control social del suelo y del subsuelo. Desde una concepción integral del territorio (sobresuelo, suelo y subsuelo) el ordenamiento ambiental deberá ser determinado por las autoridades locales y territoriales, teniendo como principio el derecho fundamental al agua y al medio ambiente sano.
  15. Es necesario desarrollar una ley de ordenamiento ambiental que reconozca a las comunidades étnicas y campesinas como autoridades ambientales.

Plan de Acción Inmediato
El Encuentro Acordó las siguientes acciones inmediatas:

  1. Suscribir el documento “Para que la Guerra Acabe y la Paz no falle”, iniciativa del Comité Ambiental del Tolima propuesta para el 10 de diciembre, Día Internacional de Derechos Humanos donde está prevista la entrega del Nobel de Paz a Santos, expresando por parte de nuestras organizaciones diversas iniciativas por la Paz con Justicia Socio ambiental contra la Paz corporativa Extractivista, neoliberal del Gobierno Colombiana.
  2. Realizar movilizaciones el 14 de marzo de 2016 “Día Internacional contra Represas” y junio 5 de junio día mundial del medio ambiente, además de acompañar la movilización programada por comité por la consulta de Cajamarca el próximo 10 de diciembre.

El encuentro aprobó constituir un comité dinamizador de las actividades y tareas conformado por Asoquimbo, comité ambiental del Tolima, comité por la defensa de la provincia de sugamuxi, Ecosocialistas de Bogotá, USO subdirectiva Neiva y USO subdirectiva Bogotá.

Aprobada por unanimidad.
Ibagué 3 de diciembre del 2016.

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